Uno de cada 4 adolescentes usuarios internet en RD sufrió violencia sexual facilitada por tecnología

no de cada cuatro adolescentes usuarios de internet en República Dominicana sufrió alguna forma de violencia sexual facilitada por la tecnología durante el último año, según el estudio Disrupting Harm, realizado por UNICEF, ECPAT International e INTERPOL.
La investigación estima que el 23 % de los usuarios de internet de entre 12 y 17 años, unos 272,000 adolescentes en todo el país, estuvo expuesto durante ese período a situaciones de explotación o abuso sexual facilitadas por la tecnología.
Uno de los principales hallazgos es que, en el 68 % de los casos, el agresor era una persona conocida por el adolescente, como un familiar, amigo, conocido o pareja sentimental.
Entre las principales formas de violencia identificadas se encuentran la exposición a contenido sexual no deseado, las solicitudes de contenido sexual, las ofertas de dinero o regalos a cambio de imágenes, las amenazas y la difusión no consentida de contenido íntimo.
El estudio también identifica un riesgo asociado al uso de inteligencia artificial: el 4 % de los adolescentes encuestados señaló que alguien había utilizado esta tecnología para crear imágenes o videos sexuales falsos de ellos.
Las plataformas más mencionadas
WhatsApp, Facebook e Instagram estuvieron entre las plataformas más mencionadas por los adolescentes participantes en la investigación, con 60 %, 35 % y 30 %, respectivamente. También se registraron casos vinculados a plataformas de videojuegos, mencionadas en el 11 %.
La investigación advierte que la violencia facilitada por la tecnología puede extenderse más allá del entorno digital y utilizar las plataformas para iniciar, facilitar o prolongar situaciones de abuso que también pueden trasladarse al mundo físico.
El silencio dificulta la respuesta
Los adolescentes que habían sufrido estas formas de violencia presentaban mayores probabilidades de experimentar ansiedad, autolesionarse o tener pensamientos y comportamientos suicidas.
Además, se suma la dificultad para que los casos sean conocidos y atendidos. Uno de cada tres adolescentes no contó a nadie lo ocurrido, mientras que menos del 1 % de los casos fue denunciado a las autoridades.Las experiencias relatadas durante las entrevistas estuvieron marcadas, en muchos casos, por el miedo, la vergüenza, la confusión y el aislamiento.
El riesgo alcanza a distintas edades y territorios
Los resultados muestran que la violencia sexual facilitada por la tecnología afecta tanto a adolescentes de zonas rurales como urbanas.
Asimismo, los adolescentes de 12 a 15 años presentan niveles de riesgo similares a los de 15 a 17 años, mientras que alrededor de la mitad de las víctimas son niños.
Estos hallazgos plantean la necesidad de que las estrategias de prevención consideren las distintas edades y contextos y lleguen tanto a niñas como a niños.
El hecho de que el 68 % de los agresores pertenezca al círculo de confianza de la víctima también obliga a ampliar el enfoque de protección. La prevención no puede limitarse a advertencias sobre desconocidos o determinados espacios de internet, sino que debe involucrar a las familias, escuelas, comunidades e instituciones donde los adolescentes desarrollan su vida.
Respuesta institucional
Los resultados de Disrupting Harm plantean desafíos que van más allá de la tecnología y de la legislación. Entre las necesidades identificadas se encuentran el fortalecimiento de los protocolos de actuación, las capacidades operativas, los mecanismos de denuncia, los servicios de atención y la capacitación del personal encargado de responder ante situaciones de violencia.
En el marco de la presentación del estudio en República Dominicana se realizó un panel moderado por jóvenes del Consejo Consultivo Adolescente de UNICEF, Altavoz.
En el encuentro participaron Claudio Peguero, embajador y asesor en Asuntos Cibernéticos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana; Carlos Leonardo, director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad; Isaac Emmanuel Vásquez Montilla, director de la Dirección de Innovación del Ministerio de Administración Pública (MAP), y Sandra Herrera, encargada del Departamento de Ciberseguridad del INDOTEL.