EE. UU. acusa al gobernador de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico
El gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue acusado ante un tribunal federal de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, según informó este miércoles el Departamento de Justicia de ese país.
La acusación, presentada en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York y asignada a la jueza Katherine Polk Failla, también incluye a otros nueve funcionarios, quienes enfrentan cargos relacionados con tráfico de drogas y armas.
"Se les acusa de haberse asociado con el Cartel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos", indicó el Departamento de Justicia en un comunicado oficial.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los imputados tendrían nexos con “Los Chapitos”, una facción del Cartel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El fiscal federal Jay Clayton aseguró que "el Cartel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad [EE.UU.] con drogas peligrosas durante décadas", y añadió: "Como pone de manifiesto la acusación, el Cartel de Sinaloa, y otras organizaciones de tráfico de drogas similares, no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios de las fuerzas del orden corruptos a sueldo".
Entre los señalados figuran Enrique Inzunza Cázarez, actual senador y exsecretario de Gobierno estatal; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; y Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de Sinaloa. También fueron incluidos varios exmandos policiales y autoridades municipales, como el exalcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el exjefe policial Juan Valenzuela Millán.
Según la acusación, los implicados habrían recibido sobornos a cambio de facilitar las operaciones del cartel y brindar protección a sus líderes. En el caso de Rocha Moya, se sostiene que habría mantenido reuniones con integrantes de “Los Chapitos” antes y después de asumir la gobernación en 2021, comprometiéndose a permitir sus actividades ilícitas.
El Departamento de Justicia también señala que los acusados habrían contribuido al envío de “cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a los Estados Unidos”, además de proporcionar información sensible a la organización criminal y evitar acciones judiciales en su contra.
Asimismo, se atribuye a Valenzuela Millán participación en el secuestro de un informante de la DEA y un familiar, hechos que habrían culminado con la muerte de ambos.
El administrador de la DEA, Terrance Cole, afirmó que "esta acusación pone al descubierto un esfuerzo deliberado para socavar las instituciones públicas y poner en peligro vidas estadounidenses. Los acusados presuntamente utilizaron puestos de confianza para proteger las operaciones del cartel, permitiendo el flujo de drogas letales hacia nuestro país".
Tras conocerse la imputación, Rocha Moya rechazó los señalamientos a través de la red social X: "Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno".
El gobernador agregó que "este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa. Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional…".
Por su parte, el senador Inzunza Cázarez también negó las acusaciones y sugirió que están vinculadas a sus recientes críticas a la presencia de agentes estadounidenses en México: "Hoy, causalmente, autoridades de ese país dan a conocer la existencia de una supuesta investigación en contra nuestra. Rechazo enfática y firmemente las imputaciones, por falsas y dolosas".
La Cancillería mexicana informó que recibió una solicitud de detención con fines de extradición por parte de Estados Unidos, aunque señaló que esta “no cuenta con elementos de prueba” suficientes por el momento. Indicó que será la Fiscalía General de la República la encargada de evaluar si procede la solicitud conforme al marco legal mexicano.
Se trata de la primera ocasión en que un gobernador y un senador en funciones son acusados por la justicia estadounidense en un caso de esta naturaleza.